Un día después del plazo marcado, la COP30 de Belém (Brasil) ha logrado finalmente un acuerdo de mínimos. El texto no menciona una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, como pedían más de 80 Estados, con la Unión Europea entre ellos. El acuerdo recoge que los países acordaron acelerar la acción climática y triplicar la financiación para los países en desarrollo que se enfrentan a fenómenos meteorológicos extremos. 

El 10 de noviembre arrancará la COP30 en Belém, ciudad brasileña y puerta de entrada a la Amazonia. Las expectativas son altas porque coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París, cuyo objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 ºC quedó pulverizado en 2024. Además, este año los países tienen que presentar una nueva versión de sus medidas para luchar contra el cambio climático en un contexto geopolítico convulso, marcado por el abandono de la administración Trump de la agenda climática. 

El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha emitido su opinión consultiva: los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático. 

Hoy a las 15:00 CEST el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, hará público su dictamen consultivo sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático y las consecuencias jurídicas de dichas obligaciones. El caso tiene su origen en una iniciativa de jóvenes del Pacífico, retomada por el pequeño país insular de Vanuato, que lideró una coalición de 132 países para solicitar un dictamen. Se espera que determine si los países grandes que más contaminan deben ser responsables de los daños causados a las pequeñas naciones insulares. 

De madrugada, tras más de dos semanas de negociaciones y al borde del colapso, los participantes de la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) alcanzaban un acuerdo para fijar la nueva meta de financiación climática. Finalmente serán, al menos, 300.000 millones de dólares anuales lo que aportarán los países ricos a los de menos recursos hasta 2035, dentro de un compromiso global más amplio de hasta 1,3 billones de dólares dirigidos a estos mismos países. La renovación de este objetivo aparecía contemplada en el Acuerdo de París y servirá para que los gobiernos apoyen a los países en desarrollo en sus acciones climáticas de adaptación, mitigación y daños por la crisis climática. El objetivo anterior –fijado en la Cumbre de Copenhague de 2009– era de 100.000 millones de dólares anuales. 

El próximo lunes arranca la COP29 en Bakú, la capital de Azerbaiyán, una cumbre marcada por la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el pasado martes. Su negación del cambio climático y su apuesta por los combustibles fósiles en su anterior mandato lastrarán un encuentro del que no se esperan grandes acuerdos y al que los expertos reclaman mayor ambición. 

Tras una intensa noche de negociaciones en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los países participantes en la COP28 llegaban a un acuerdo histórico al mencionar por primera vez “transitar para dejar atrás los combustibles fósiles” en el documento del Balance Global —la evaluación de los progresos hechos para conseguir los objetivos climáticos que se fijaba en el Acuerdo de París—. El acuerdo llega después de que el primer borrador presentado por la presidencia no hiciera esta mención —se refería solo a “reducir el consumo y la producción” de estos combustibles—, por lo que fue calificado como “inaceptable” por países como España. 

A unos días de que arranque la COP28 en Dubái —una de las principales ciudades de la potencia petrolera que son Emiratos Árabes Unidos—, expertos climáticos se debaten entre la desconfianza y la esperanza de que los líderes mundiales logren acuerdos ambiciosos para luchar contra la crisis climática. 

El Consejo de Participación de Doñana ha analizado este lunes en una reunión extraordinaria la proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía que pretende ampliar los regadíos legales en la zona. El Gobierno andaluz mantiene su apoyo a la nueva norma, que mañana miércoles inicia su debate parlamentario con la propuesta de toma en consideración de la proposición. Por su parte, el director de la Estación Biológica de Doñana Eloy Revilla en su intervención en el Consejo alertaba del deterioro generalizado del sistema de lagunas y señalaba que “la explotación actual del acuífero no es sostenible”. “España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”, afirmaba. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han avisado de que llevarán la norma al Tribunal Constitucional.  

Tras dos largas semanas de negociaciones y fuera del plazo oficial, la COP27 ha cerrado el acuerdo de crear un fondo de pérdidas y daños que ayude a los países más vulnerables a afrontar los impactos de la crisis climática. Sin embargo, otras cuestiones como una mayor ambición en estrategias de mitigación para no superar los 1,5 ºC de calentamiento y menor dependencia de los combustibles fósiles no han conseguido el compromiso de todas las partes.