Vanesa Castán Broto
Catedrática de Urbanismo Climático en la Universidad de Sheffield
La nota de prensa del acuerdo final de la COP29 refleja el pesimismo imperante. Dice que el acuerdo alcanzado "desafía expectativas", lo que es absolutamente correcto porque se ha alcanzado bajo la amenaza de colapso.
Al final, el acuerdo menciona el ansiado objetivo de proporcionar 1,3 billones de dólares al año (una cantidad que puede parecer enorme pero que es irrisoria en el contexto de los enormes costes personales, ecológicos y materiales de la falta de acción), pero explica que los países se comprometen a "canalizar" esa financiación. En otras palabras, el compromiso de financiación pública es solamente de 300.000 millones de dólares al año. ¿El resto? Financiación privada, incierta e indeterminada. El problema es que el sector privado no se ha destacado de momento por alcanzar estos niveles de financiación y no hay razones para pensar que esta tendencia pueda cambiar. Además, la financiación privada depende de financiación pública que reduzca los riesgos de inversión.
El modelo de financiación actual reduce las posibilidades de mejorar la resiliencia. Las acciones más efectivas para mejorar la resiliencia, como programas de energía comunitaria o alerta temprana liderados por colectivos sociales, dependen de la financiación pública.
De cualquier manera, tampoco hay garantías de que la financiación pública pueda llegar a su destino. Solo el 80 % del compromiso de la COP15 en 2009 (100.000 millones de dólares al año en 2020) se ha cumplido.
La presidencia de Bakú ha llamado a este acuerdo "el mejor acuerdo posible" y puede que lo sea. No solo responde a la "fragmentación geopolítica" sino también a un cambio en la opinión pública cuestionando la necesidad de facilitar una transición verde, que es visible no solo en la elección de Trump, sino también en el auge del escepticismo climático en movimientos políticos en todo el mundo. Nos corresponde a todos cambiar el ambiente político en el que se negocia la COP.