Susana Borràs Pentinat
Profesora asociada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rovira i Virgili, coordinadora del Máster en Derecho Ambiental e investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
La contaminación atmosférica en Europa, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, sigue siendo el mayor riesgo para la salud, exponiendo a más del 90 % de la población urbana a niveles muy perjudiciales, por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (2021), y con un balance de 300.000 muertes al año.
Hoy el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la propuesta de revisar el marco normativo en la UE, fusionando las dos directivas actuales sobre calidad del aire (2004/107/CE y 2008/50/CE), respondiendo no solo a la urgencia de fijar umbrales más estrictos en los niveles de contaminación para 2030 y logar una contaminación cero para 2050, sino también a la necesidad de responsabilizar a los principales emisores de contaminación atmosférica.
Los aspectos más significativos de la nueva normativa son: la revisión periódica de las normas de calidad del aire de acuerdo con los datos científicos; una mayor claridad sobre el acceso a la justicia; la reparación de daños; la eficacia de las sanciones y una mejor información pública sobre la calidad del aire, así como el apoyo a las autoridades locales en la consecución de un aire más limpio mediante el refuerzo del control de la calidad del aire, la modelización y los planes de calidad del aire.
Asimismo, se reconocen los derechos de las personas afectadas por la contaminación atmosférica, como el derecho a estar representadas por organizaciones no gubernamentales en acciones judiciales colectivas de daños y perjuicios, y el derecho a ser indemnizadas en caso de infracción de las normas de calidad del aire de la UE.
No obstante, sigue habiendo algunos aspectos controvertidos, como son el horizonte demasiado lejano para lograr los objetivos de reducción y calidad del aire, y la posibilidad que tienen los Estados de pedir una prórroga de 10 años por la imposibilidad de alcanzar los objetivos de reducción debido a condiciones climáticas y orográficas específicas.
En todo caso, es un avance muy importante para garantizar un medio ambiente más seguro, sano y limpio para toda la ciudadanía europea.