Pablo Martínez-Lage Álvarez
Neurólogo, director científico en Fundación CITA- Alzhéimer
Yo creo que hay que felicitarse de que la EMA haya rectificado una decisión previa que se había tomado sobre unos argumentos poco sólidos. Tomó la decisión sobre la base de que el efecto beneficioso de este fármaco no compensaba los riesgos de posibles efectos secundarios. Era un argumento que no se sostenía con los datos de los ensayos clínicos que se han hecho.
Es un fármaco que consigue cambiar la historia natural de la enfermedad en sus fases más iniciales, en las que todavía no hay dependencia ni demencia. Cambia la progresión de la enfermedad en personas a las que se diagnostica alzhéimer cuando todavía están haciendo una vida normal o casi normal. Por tanto, contribuye a la promoción de la autonomía de las personas, que es de lo que va la Ley de Dependencia, que no es de dependencia, sino de promoción de la autonomía.
Es cierto que va a ser un tratamiento que no va a estar indicado para cualquier persona con alzhéimer, sino solo para personas en la que se diagnostique de manera muy temprana, con un diagnóstico que se basa en el uso de biomarcadores o bien de punción o bien de PET. Hay que dar la noticia con esa precaución, no es un tratamiento para todo el mundo.
Hay algo importante: los europeos que trabajamos en alzhéimer nos sentíamos un poco avergonzados al hablar con investigadores de otros países donde sí se había aprobado, como EEUU y Japón, por el hecho de que nuestra Agencia Europea de Medicamentos hubiese tomado una actitud que se podría interpretar como “bueno, que se pruebe el fármaco en otros países y si allí la gente no se muere y se ve el efecto, pues entonces ya lo aplicaremos aquí”. Hay que felicitarse por eso, Europa se sube al carro de la investigación y de sus propias directrices. Recordemos que, en 2011, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se pronunciaron a favor de declarar el alzhéimer como enfermedad prioritaria, con un dictamen en el que se hablaba de la investigación de nuevos medicamentos, la creación de unidades de diagnóstico, etcétera.
Entiendo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) seguirá las directrices de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que, como digo, se basan en los datos de los ensayos clínicos. Nuestros 17 sistemas sanitarios se tendrán que preparar para facilitar el diagnóstico temprano de las personas, se tendrán que preparar para decidir si lo financian o no. Ahora entra en juego la creatividad público-privada para que la compañía y las administraciones acuerden precios que sean razonables de acuerdo con los cálculos que ya están más que hechos y publicados. Yo confío en la creatividad de nuestros políticos para que sepan acordar precios asequibles y que no solo se apruebe la comercialización en España, sino que el fármaco llegue a las casas de las personas, que no sea un tratamiento para ricos.