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Mario Díaz Esteban

Profesor de investigación del CSIC en el departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales y coordinador de la plataforma PTI-Agriambio

Era un hecho relativamente conocido que la agricultura europea no estaba basada en la producción ambiental y socialmente sostenible de alimentos saludables y accesibles para los ciudadanos europeos. Este era el objetivo original de la Política Agraria Común (PAC), la primera política europea plenamente común y que ha gestionado gran parte del presupuesto europeo desde sus inicios. Sucesivas reformas, centradas en la disminución de la producción compensando las pérdidas de renta de los agricultores mediante subsidios, han demostrado su ineficacia en este sentido, pues ni las rentas agrícolas se han ido equilibrando (menos del 20 % de los fondos de la PAC llegan a la mayoría de los agricultores, mientras que el 80 % van a grandes propietarios y a la industria agroalimentaria) ni los problemas ambientales han disminuido, sino todo lo contrario.  

Los resultados de este trabajo ponen claramente de manifiesto esta realidad, centrándose esta vez en analizar el modo en que los fondos de la PAC fluyen a través del mercado hasta su destino final. Los resultados son tan sólidos y claros como demoledores: más del 80 % de los fondos de la PAC, que proceden de los impuestos de los ciudadanos europeos, acaban financiando la industria cárnica, y no precisamente la basada en ganadería extensiva, de gran valor ambiental y social a través del mantenimiento de pastizales y paisajes agroganaderos tradicionales, sino en la intensiva, basada en macrogranjas industriales, como refleja el hecho de que la mayor parte de esta subvención es indirecta a través de subvenciones a la producción de alimento para el ganado.  

El trabajo ha podido analizar datos solo hasta 2013 (lamentablemente, faltan datos actualizados), de manera que no ha podido abordar el potencial efecto de las dos últimas reformas de la PAC, ambas dirigidas a reducir la importancia de los pagos directos basados en producciones anteriores y superficie y número de cabezas gestionadas (el Pilar I), que es la causa última del resultado de este trabajo (el 80 % de las subvenciones acaban en la agroindustria, que basa su negocio en las macrogranjas).  

En la reforma anterior se introdujeron los pagos verdes del Pilar I, que financiaban prácticas supuestamente beneficiosas para el medio ambiente, y en la actual se impone la necesidad de fijar objetivos sociales y ambientales que deben ser evaluados directamente. Los pagos verdes han demostrado ser poco eficaces por su escasa ambición (Concepción et al. 2020, Pe’er et al. 2022), mientras que la Arquitectura Verde de la actual PAC está siendo continuamente presionada a la baja por la industria agroganadera con cualquier excusa coyuntural, como la guerra de Ucrania (Morales et al. 2022) o la sequía y sus efectos en los ingresos de los agricultores, base de las manifestaciones de las últimas semanas.  

Esperemos que los resultados de este trabajo pongan el foco en el lugar correcto para dirigir los ingentes fondos de la PAC a sus objetivos declarados: una vez conseguida, sobradamente, la soberanía alimentaria, deben revertirse los efectos negativos de la PAC sobre el medio ambiente (contaminación, pérdida de biodiversidad) y las sociedades rurales (abandono rural, especulación, desigualdad; Díaz et al. 2021).

ES