Josep Maria Suelves
Investigador del Behavioural Design Lab en el UOC eHealth Center, vocal de la junta directiva de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y de Baleares y vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado se registraron en España 3.952 suicidios mortales. A esta elevada cifra de fallecimientos, seguramente inferior a la real, se le suma un número todavía mayor de supervivientes al suicidio: personas que han tenido que hacer frente a la pérdida dolorosa y a menudo incomprensible de un ser querido por esta causa, y todas aquellas que deben hacer frente a las consecuencias de un suicidio no mortal.
La conducta suicida representa un grave problema social y de salud en todo el mundo, pero, por diferentes razones, no ha comenzado a recibir la atención necesaria hasta fechas relativamente recientes. Actualmente en Cataluña, como en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado, se impulsan políticas de prevención del suicidio, a menudo lideradas por las administraciones sanitarias y focalizadas en la atención de los problemas de salud mental de aquellas personas que muestran un perfil de riesgo elevado en relación con la conducta suicida.
Como muchos otros problemas de salud, el suicido es el resultado de un conjunto de determinantes y no de una única causa. Aunque nuestra mirada se centre a menudo en los determinantes individuales que contribuyen a que una persona muestre un mayor riesgo de llevar a cabo una conducta suicida, lo cierto es que las circunstancias en las que se desarrolla la vida de las personas, moduladas por el contexto político, social y económico ——que conocemos como determinantes sociales de la salud— explican las enormes desigualdades en la mortalidad por suicidio según variables como el género, la edad, el apoyo social o el nivel socioeconómico.
La serie de artículos que acaba de publicar Lancet Public Health recuerda que las políticas de prevención del suicidio deben continuar fortaleciendo la atención de aquellas personas que padecen trastornos asociados a un mayor riesgo de desarrollar conductas suicidas (algunas de las que padecen trastornos depresivos, por uso de alcohol o por juego patológico, así como aquellas que expresan pensamientos suicidas), pero han de asegurar también un enfoque de salud pública que vaya más allá de una mirada asistencial exclusivamente. Ese enfoque de la prevención del suicidio desde la salud pública debe estar basado en datos de calidad sobre la magnitud del problema y de sus determinantes, y ha de abordar aspectos como el uso de alcohol, los juegos de apuestas, la seguridad en el diseño de construcciones (puentes, rascacielos, vías y estaciones de ferrocarril, etc.) o el acceso a armas de fuego y productos tóxicos, que a menudo están influidos por intereses económicos en lo que se ha denominado determinantes comerciales de la salud, buscando también influir en políticas públicas como la educación, el acceso a la vivienda, el empleo o los servicios sociales para hacer llegar acciones preventivas universales al conjunto de la población. La mirada desde la salud pública que reclama esta serie de artículos completará eficazmente las acciones selectivas e indicadas que ya empiezan a prestar los servicios sanitarios a quienes presentan un perfil de riesgo frente al suicidio o han exhibido ya conductas suicidas.