Reacción a "Un estudio calcula cómo cambiará el empleo agrícola por la transición a dietas más saludables y sostenibles"

El estudio presenta una contribución de notable calidad metodológica al analizar cómo la transición global hacia dietas más basadas en plantas podría alterar la estructura del empleo agrícola. El trabajo combina inventarios detallados de requerimientos laborales con un modelo biofísico global de sistemas alimentarios, ofreciendo un mapa por países de los posibles cambios en la demanda de trabajo. Esta aproximación tiene el mérito de cuantificar un fenómeno apenas explorado (la relación entre transformación dietética y estructura del empleo rural), aunque debe leerse como un ejercicio de simulación, no de predicción. El modelo no incorpora las respuestas de precios, productividad o sustitución tecnológica que caracterizan la dinámica real de los mercados laborales y agrarios.  

En términos generales, los autores concluyen que la reducción de la ganadería intensiva disminuiría la demanda laboral global entre un 5 % y un 28 %, mientras que la expansión de la horticultura podría generar entre 18 y 56 millones de nuevos empleos. Este desplazamiento de la mano de obra refleja un proceso de reasignación más que una pérdida neta, siempre que exista capacidad de adaptación y políticas de transición bien diseñadas. Las magnitudes son coherentes con la evidencia histórica de cambios estructurales en la agricultura, donde la mejora de la productividad y la mecanización han reducido el empleo, pero aumentado el valor añadido y los ingresos.   

Para España, el impacto sería previsiblemente limitado, dado el elevado grado de mecanización, la diversificación productiva y el menor peso relativo de la ganadería extensiva en comparación con otros países. Sin embargo, algunas regiones podrían experimentar ajustes relevantes. La clave estará en combinar sostenibilidad y eficiencia: acompañar la transformación del sistema alimentario con innovación tecnológica, formación laboral y apertura comercial, evitando enfoques normativos rígidos que distorsionen la asignación de recursos o comprometan la competitividad del sector agrario.