Carlos M. Duarte
Director Ejecutivo de la Plataforma Mundial de Aceleración de la I+D en Arrecifes Coralinos y titular de la cátedra de investigación Tarek Ahmed Juffali en ecología del Mar Rojo en la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (KAUST) de Arabia Saudí
El tratado alcanzado se centra en la protección del 30 % de las aguas internacionales del océano, lo que permitirá implementar la resolución del COP15 de la Convención de diversidad biológica de diciembre de 2022 en ese sentido. Además, el tratado incluye provisiones para que cualquier uso de los recursos del subsuelo marino sea sometido a un estudio de impacto ambiental previo, lo que no es una moratoria sobre la actividad de minería del fondo marino como algunos, yo incluido, deseábamos, pero al menos no deja este ecosistema completamente desprotegido como hasta ahora.
En donde parece que el acuerdo es aún más vago, a falta de leer el texto, es en la distribución de los beneficios económicos derivados de los recursos genéticos del océano, en el que el tratado parece contener vaguerías, como que se explotará con criterios de equidad, sin articular un mecanismo para conseguirlo. Hace una década publicamos investigación que mostraba que 10 naciones se apropiaban del 97 % de los recursos genéticos del océano, de donde una empresa, BASF, era propietaria del 70 % de las patentes. En nuestro trabajo ya apuntábamos a un mecanismo para compartir recursos, que tiene que ver más con compartir y construir capacidad que con compensaciones monetarias. Esto tendrá que esperar, quizás una década más. En resumen, un paso adelante aunque no con el impulso necesario.